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EL JORGC informa de una ‘resolución histórica’

Las operaciones de compraventa de joyas y metales preciosos a particulares no deben pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

El Col·legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya (JORGC), que tiene entre sus misiones la defensa de los intereses de sus colegiados en todo tipo de ámbitos, ha informado a sus colegiados de la “resolución histórica” del Tribunal Económico-Administrativo Central, que ha acordado fijar como criterio que las operaciones de compraventa de joyas y metales preciosos a particulares no deben pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), como pretendía la Agencia Tributaria Catalana desde el 2012.

Literalmente, el Tribunal manifiesta que “las compras a particulares de objetos usados de oro y otros metales por parte de quienes ostenten la condición de empresarios o profesionales, la operación queda fuera tanto del ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como de la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

Esta resolución, que da la razón a la postura del JORGC,  pone fin a cuatro años de defensa continua por parte del colegio de que las operaciones de compras a particulares de metales preciosos no debían tributar por ITP ya que son operaciones de tráfico mercantil y no de patrimonio, en contra de las pretensiones de la Agencia Catalana Tributaria.

En el caso de Catalunya, la Agencia Tributaria de Catalunya empezó a solicitar la liquidación por ITP de las operaciones de compra-venta de joyas a particulares por parte de las empresas del sector joyero desde el 2012, reclamando además años anteriores.

Esta pretensión ya había sido desestimada en un caso de 1996 por el Tribunal Supremo, que había indicado que esta no es una operación entre particulares, sino propia del tráfico mercantil de las empresas. Prácticamente todas las posteriores sentencias de los Tribunales Supremos de Justicia han ido avalando posteriormente el mismo criterio.

Fuera de Catalunya, la Junta de Andalucía presentó en 2014 un “recurso de casación en interés de ley” contra la última sentencia, que como las anteriores, había sido favorable al joyero. El Supremo ordenó su archivo en junio de 2015, entre otros motivos, por considerar que su sentencia de 1996, y otras dos más recientes (15 y 16 de diciembre de 2011), ya constituyen su doctrina legal. Según palabras textuales del auto: “Existiendo doctrina legal, carece de sentido el recurso de casación en interés de la ley“.

A pesar de ello, la Agencia Tributaria Catalana continuó exigiendo el pago del impuesto.

JORGC

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